La Concejal Martha Ordóñez pide reforzar la seguridad y acompañamiento de  estudiantes a la entrada y salida de colegios

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Un punto muy importante es la atención terapéutica o psicosocial que recibe una víctima de abuso o maltrato con el fin de reparar las consecuencias psicológicas y sociales del daño recibido. Esta busca que las víctimas entiendan por qué vivieron algo tan horrible, que descubran que a otras personas también les ha pasado y sanarlas mentalmente para que a futuro puedan tener una vida feliz, normal y sin trastornos producidos por la huella que les deja el abuso sexual. En ese sentido, esta atención es vital para reestablecer la estabilidad emocional de ellas.

Siempre hablo con víctimas -todos adultos- y me cuentan que fueron abusados entre los 4 y 7 años; hoy a los 40 o 50 años se siguen sintiendo mal por lo que les pasó. Adultos depresivos porque a lo largo de su existencia no pudieron entender por qué un familiar cercano (papás, tíos o primos) abusó de ella o él y violó sus derechos. Algunos tienen relaciones de pareja disfuncionales o sufren de trastornos del sueño, de atención, de manejo emociones.

La Encuesta de Salud Mental dice que 4 de cada 10 colombianos han tenido problemas mentales y Medicina Legal señala que cada año los niñ@s bogotanos por abuso sexual pierden 1.500 años de vida saludable. Esto debe llamar la atención de las autoridades para fortalecer las políticas de salud mental.

Entonces, las terapias son importantes, no solo para las víctimas sino para sus familiares más cercanos. Esto no es un favor que se la hace a la persona abusada, es un tema constitucional y legal, que exige que una persona violada o abusada sexualmente reciba mínimo 13 sesiones de psicoterapia para reparar su dolor y su rabia.

Por ejemplo, existen muchos niños y jóvenes pandilleros que usan ese espacio para desquitarse del maltrato al que fueron sometidos o porque vieron la violación de una hermana o prima y nunca denunciaron o recibieron tratamiento por lo que les pasó.

Es por eso que propuse este tema en la agenda pública de Bogotá, presenté un proyecto de acuerdo con tres objetivos: Primero, fortalecer la atención psicoterapéutica. Segundo, dotar a la ciudad de una ambulancia disponible 24 horas, medicalizada y con especialistas para lograr una atención integral e inmediata de la víctima y Tercero, que la ciudad ofrezca grupos de autoayuda, es decir espacios semanales ó quincenales para que las víctimas conozcan otras personas que también hayan vivido el mismo proceso, para apoyarse mutuamente, desahogarse, escuchar y ser escuchados por otros.

El jueves pasado, en el Concejo de Bogotá y con ponencias positivas de los concejales Darío Cepeda y Clara Sandoval, la Comisión de Gobierno aprobó en primer debate la iniciativa. Todo esto permitirá que la víctima no se revictimice y pueda recibir la atención integral en salud mental a la que tiene derecho.

La verdad es que hay que tratar de seguir el conducto regular en estos temas de abuso y no hacer justicia por su propia mano, eso significa que como ciudadanos estaríamos renunciando a uno de los presupuestos mínimos que nos identifica como sociedad moderna: darle al Estado, a través del aparato de justicia, la resolución de esta clase de conflictos, para que en el marco de un proceso con todas las garantías tanto para las víctimas como para los victimarios, se imponga la sanción correspondiente. No podemos volver a los tiempos donde se lanzaban piedras o se lapidaban a quienes transgredían las normas sociales.

El linchamiento se define como la acción de personas en contra de otras personas que presumiblemente han cometido un crimen, esa ira colectiva solo genera más violencia, más impunidad y más odio, olvidándose del debido proceso y del valor fundamental de los seres humanos que es el respeto a la vida.

Como Estado no podemos tolerar los linchamientos, debemos trabajar por generar y fortalecer la confianza en las instituciones y dotarlas de mecanismos más eficaces para la investigación del delito. Si bien es cierto que en algunas ocasiones la justicia no opera como lo deseamos, no podemos permitir la desinstitucionalización de la misma.

Se habla mucho sobre el tema, la gente no cree en los procesos, estos son eternos, extenuantes y tortuosos, muchas veces los jueces le creen más al agresor que a la víctima a pesar de que existan evidencias que permitan condenarlo. Entonces, el descrédito, la impunidad y la poca efectividad de las instituciones dedicadas a garantizar la protección de los niños hacen parte del imaginario colectivo y para unos pocos la venganza se constituye en una mejor opción.

La realidad es que todos tenemos la obligación de denunciar, de llamar, de ser escuchados y acudir a las autoridades correspondientes, por eso existen estas instituciones, para impartir justicia, pensemos que de por medio está la vida de una niña, una menor de edad y necesitamos protegerla y restablecerle sus derechos. La venganza no puede confundirse con justicia. El linchamiento no es tolerable y todos estamos en la obligación de rescatar el valor de la justicia.

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Con todo y estos esfuerzos, existe una problemática que desde el año 2005 viene creciendo y afecta a miles de niños, niñas y adolescentes que usan la Internet como medio de comunicación, hago referencia al ‘grooming’ o ciberacoso, una nueva forma de abuso sexual infantil en la cual un pedófilo se gana la amistad de un niño o una niña por Chat hasta lograr obtener favores sexuales como fotografías, dejarse ver desnudos por cámara web e incluso acudir a citas con el posible abusador.

En el 2007 la Convención sobre la Protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual fue el primer documento internacional que trató el grooming como una nueva forma de abuso sexual. Ademas a nivel nacional se penaliza con 14 años el uso de la Internet para ofrecer servicios sexuales con menores y que la unidad de delitos informáticos hace seguimiento a los delincuentes en la red, faltan más instrumentos que fortalezcan la acción del Estado para prevenir y castigar este delito.

La modalidad es difícil de intervenir dadas las características del delito. El pedófilo ubica al niño o niña en las redes sociales, entabla confianza y de forma progresiva aumenta la intensidad de sus conversaciones introduciendo temas sexuales. Logrado esto, el agresor envía fotos o videos y convence a su víctima a mostrar su cuerpo o sus genitales para grabarlos y posteriormente, amenaza al nin@ diciéndole que si no sigue exhibiéndose, estas serán publicadas o enviadas a sus familiares intimidando al menor.

Es muy importante contar con campañas de amplia divulgación, especialmente en colegios para prevenir este tipo de situaciones. Las estadísticas dicen que el 60% de los niños y niñas tienen un perfil personal en las redes sociales disponibles en la Internet y que el 70% de los infantes que recibieron propuestas sexuales por la red eran niñas y el 30% eran niños.

Se debe hacer una encuesta o un informe sobre la seguridad infantil en Internet que permita conocer los hábitos de consumo y las páginas que los pedófilos frecuentan en la red.

Los padres de familia debemos evitar que los agresores accedan fácilmente a nuestr@s niñ@s. Los computadores deberían estar en un espacio de uso común, además es importante que los papas conozcan como funcionan estas redes y se involucren, hablen con sus hijos para conocer las páginas que visitan, los contactos que tienen y los temas que conversan. Evite que los niños den direcciones o teléfonos y explíquele sus consecuencias. Desde el Concejo trabajo en el tema para visibilizar el grooming como delito. Protejamos siempre a nuestros niños, niñas y adolescentes cuando navegan en la Internet.

Pero lo más inadmisible es la inexistencia de unidades sanitarias para la atención de los requerimientos fisiológicos, llevando a que los desplazados se bañen con totumas y baldes a la vista de todos, donde los postes y puertas de las viviendas se volvieron orinales y áreas de excrementos, desencadenando olores, virus y bacterias que se propagan en el vecindario de manera inadvertida. Es tan grave la situación que todos los vecinos están vendiendo sus propiedades. Desplazados los que llegaron y desplazados los que habitan en ese sector.

Estas 262 personas no tienen tampoco brigadas de salud y mucho menos jornadas de vacunación, ni campañas de prevención de enfermedades y del virus AH1N1. La única visita fue la del carro de bomberos que llegó a lavar calles y andenes dónde ellos viven. Las mismas estadísticas corroboran que el 70% de los desplazados que arriban a una ciudad no reciben atención inmediata de ninguna clase.

Especialmente vulnerables a las situaciones anteriormente expuestas son los niños, principales afectados por las carencias de espacio en sus necesidades de crecimiento y desarrollo. Recordemos que el 40% de los desplazados que hay en Bogotá son niños, niñas y adolescentes, es por eso que el ICBF e Integración Social deberían encargarse de ellos, llegando a consensos con las familias para que los pequeños todos los días asistan a los centros de atención, para recibir alimentación, atender su salud y recibir orientación académica. Si se logra, estos niños pasarían gran parte del día protegidos, bajo techo, con alimentación y buen trato… y al final de la tarde volverían a compartir con sus familias.

Acordémonos que la ausencia de espacios dignos provoca alteraciones tanto en la salud física como mental y generan situaciones de estrés psicológico, violencia intrafamiliar, abuso sexual, al igual que la propagación de enfermedades infecciosas.

Por eso reclamo especialmente del Secretario de Salud, Dr. Zambrano que tome medidas de extrema urgencia para atender la salud de estos desplazados en la localidad de Kennedy. Si las autoridades de Bogotá reconocieron públicamente que la magnitud de esta problemática es preocupante, entonces, la única salida es que el gobierno distrital y el nacional se sienten a dialogar y a trabajar de la mano para controlar esta problemática y así dejar de botarle la pelota el uno al otro como siempre sucede. Porque mientras ellos le hacen a ese “jueguito”, diariamente, a Bogotá siguen llegando 50 familias desplazadas.

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