La semana pasada, un grupo de personas del barrio Gran Britalia tras enterarse de un presunto ataque de abuso sexual, en una asonada produjo la muerte de un hombre de 72 años, que según la misma comunidad era el abusador de una menor de edad. Entiendo el intenso dolor, la indignación, la rabia y la impotencia que se puede sentir frente a dicha situación, pero de ninguna forma podemos estar de acuerdo con esta clase de acciones.
La verdad es que hay que tratar de seguir el conducto regular en estos temas de abuso y no hacer justicia por su propia mano, eso significa que como ciudadanos estaríamos renunciando a uno de los presupuestos mínimos que nos identifica como sociedad moderna: darle al Estado, a través del aparato de justicia, la resolución de esta clase de conflictos, para que en el marco de un proceso con todas las garantías tanto para las víctimas como para los victimarios, se imponga la sanción correspondiente. No podemos volver a los tiempos donde se lanzaban piedras o se lapidaban a quienes transgredían las normas sociales.
El linchamiento se define como la acción de personas en contra de otras personas que presumiblemente han cometido un crimen, esa ira colectiva solo genera más violencia, más impunidad y más odio, olvidándose del debido proceso y del valor fundamental de los seres humanos que es el respeto a la vida.
Como Estado no podemos tolerar los linchamientos, debemos trabajar por generar y fortalecer la confianza en las instituciones y dotarlas de mecanismos más eficaces para la investigación del delito. Si bien es cierto que en algunas ocasiones la justicia no opera como lo deseamos, no podemos permitir la desinstitucionalización de la misma.
Se habla mucho sobre el tema, la gente no cree en los procesos, estos son eternos, extenuantes y tortuosos, muchas veces los jueces le creen más al agresor que a la víctima a pesar de que existan evidencias que permitan condenarlo. Entonces, el descrédito, la impunidad y la poca efectividad de las instituciones dedicadas a garantizar la protección de los niños hacen parte del imaginario colectivo y para unos pocos la venganza se constituye en una mejor opción.
La realidad es que todos tenemos la obligación de denunciar, de llamar, de ser escuchados y acudir a las autoridades correspondientes, por eso existen estas instituciones, para impartir justicia, pensemos que de por medio está la vida de una niña, una menor de edad y necesitamos protegerla y restablecerle sus derechos. La venganza no puede confundirse con justicia. El linchamiento no es tolerable y todos estamos en la obligación de rescatar el valor de la justicia.
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